El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un proyecto de ley que establece nuevas normas para la compraventa de créditos dudosos en España. Esta legislación, que transpone una directiva europea y modifica tanto la Ley de contratos de crédito al consumo como la Ley de contratos de crédito inmobiliario, tiene como objetivo mejorar la regulación de este mercado y proteger los derechos de los prestatarios de créditos hipotecarios y al consumo.

Normas para la Compraventa de Créditos Dudosos

El proyecto establece reglas comunes para la compraventa de créditos dudosos concedidos por entidades financieras en toda la Unión Europea. Tras su aprobación por el Gobierno, será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

La nueva normativa también regula la administración de estos créditos, actividad que ahora requiere la autorización previa del Banco de España. Para obtener esta autorización, las entidades deben contar con un sistema de gestión de reclamaciones adecuado y políticas que garanticen la protección y el trato justo de los prestatarios.

Protección de los Prestatarios

Una de las principales novedades de la ley es que asegura el mantenimiento de las condiciones y derechos de los prestatarios, trasladando al comprador de los créditos las obligaciones de transparencia, protección e información. Esto incluye el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas a los que el acreedor inicial estaba adherido.

El proyecto también establece garantías adicionales para la protección de los prestatarios. Tanto los compradores como los administradores de créditos dudosos deben proporcionar un trato adecuado y suficiente información, así como contar con un servicio de atención al prestatario y reclamaciones extrajudiciales adecuado. El Banco de España supervisará el cumplimiento de estas obligaciones, estableciendo un régimen de infracciones y sanciones.

Créditos Inmobiliarios y al Consumo

En cuanto a los créditos al consumo y los créditos inmobiliarios, la ley introduce la obligación de que los prestamistas cuenten con una política de renegociación de deudas. Esto significa que los prestamistas deben ofrecer medidas para alcanzar acuerdos de renegociación antes de iniciar acciones judiciales o exigir el pago total de la deuda.

La normativa también establece condiciones especiales para los deudores de créditos no hipotecarios en situación de vulnerabilidad económica, como los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. En estos casos, la entidad que venda el crédito dudoso a un tercero debe ofrecer al prestatario un plan de pagos.

Además, se limita el interés de demora en los créditos al consumo a la suma del interés ordinario más tres puntos porcentuales. Los gastos por reclamación de saldos vencidos deben ser acordes a los costes soportados por el prestamista y previamente comunicados al cliente.

Conclusión y Llamado a la Acción

Este nuevo marco legislativo busca ofrecer mayor estabilidad y transparencia en el mercado de créditos dudosos, beneficiando tanto a prestatarios como a prestamistas. En este contexto de cambios regulatorios, invertir en el sector inmobiliario en España se perfila como una oportunidad prometedora.

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